Cuando una persona empieza a perder autonomía para realizar actividades básicas de la vida diaria, como vestirse, asearse o alimentarse, puede encontrarse en una situación reconocible como dependencia. En España, este estado está regulado por la Ley de Dependencia, que establece un sistema de valoración para clasificar el grado de dependencia y así facilitar el acceso a ayudas públicas. Si estás atravesando esta situación, puedes encontrar orientación y servicios profesionales en cuidado de mayores Alicante.
Conocer estos grados, cómo se valoran y qué prestaciones están asociadas es fundamental tanto para las personas mayores como para sus familias. A continuación, explicamos todo lo que necesitas saber para entender cómo funciona este sistema.
El grado de dependencia es una clasificación oficial que refleja el nivel de ayuda que necesita una persona para realizar las tareas esenciales de su día a día. Esta clasificación no solo reconoce la situación personal del afectado, sino que también permite acceder a recursos como prestaciones económicas, asistencia profesional o servicios sociales.
Esta evaluación se basa en un baremo establecido por la administración y tiene como objetivo garantizar el derecho de las personas dependientes a recibir cuidados adecuados. No importa la causa de la dependencia: puede derivarse de la edad, enfermedades neurodegenerativas, discapacidad o accidente.
En total, existen tres grados de dependencia reconocidos por la ley. Cada uno representa una necesidad diferente de apoyo, que va desde la ayuda puntual hasta la asistencia constante y continuada. La clasificación del grado tiene un impacto directo en las ayudas que se pueden solicitar.
Además del grado, también se valoran aspectos como la frecuencia con la que la persona necesita ayuda, el tipo de apoyo que requiere (puntual o permanente) y su capacidad para desenvolverse en su entorno habitual. Este análisis da lugar a una evaluación personalizada que se recoge en un informe oficial.
Los grados de dependencia regulados por la ley permiten identificar de forma precisa el nivel de asistencia que requiere una persona. Esta clasificación tiene en cuenta tanto las capacidades físicas como las cognitivas y se utiliza para establecer las condiciones de acceso a recursos públicos.
A continuación, detallamos cada uno de los grados establecidos por la normativa:
El grado 1 de dependencia se refiere a personas que necesitan ayuda de manera ocasional para realizar algunas actividades básicas. No requieren un apoyo continuo, pero sí supervisión o asistencia puntual. Es habitual en personas mayores que conservan parte de su autonomía, pero que empiezan a presentar dificultades.
En el grado 2 de dependencia nos encontramos con personas que requieren ayuda varias veces al día. Aunque pueden realizar algunas tareas por sí mismas, necesitan apoyo habitual para funciones esenciales. En estos casos, la dependencia es más evidente y sostenida a lo largo del tiempo.
El grado 3 implica una situación de gran dependencia. La persona requiere cuidados continuos y supervisión constante, incluso durante la noche. Suele estar relacionado con enfermedades avanzadas, deterioro cognitivo severo o movilidad muy reducida.
Una vez que se reconoce un grado de dependencia, se puede acceder a una serie de prestaciones por dependencia. Estas pueden adoptar diferentes formas, como ayuda económica directa, asistencia profesional en el hogar, acceso a centros de día o ingreso en residencias.
La asignación de estas prestaciones depende tanto del grado otorgado como de la situación económica y familiar de la persona solicitante. En general, a mayor grado de dependencia, mayor será el nivel de ayuda y el tipo de servicio al que se puede acceder.
Para asignar un grado de dependencia, se realiza una valoración oficial a través del Baremo de Valoración de la Dependencia (BVD). Este instrumento mide el nivel de autonomía de la persona y su capacidad para desenvolverse en actividades cotidianas como la higiene personal, la movilidad o la preparación de alimentos.
Durante este proceso, un profesional acude al domicilio o al centro donde reside la persona para realizar la evaluación. El resultado se traslada a un informe que recoge tanto la puntuación obtenida como el grado reconocido, sirviendo de base para la concesión de ayudas.